Como ya apuntan anteriores noticias publicadas en este periódico, el parque natural de Doñana, está muy amenazada por diversos frentes. Como ha remarcado el colectivo ecologista Adena, la sobreexplotación de acuíferos y la transformación de parajes forestales son las principales amenazas. La sobreexplotación se produciría por la apertura de pozos ilegales, mientras que los parajes forestales se convierten en cultivos. A ello, se podría sumar, como venimos apuntando, la contaminación del río Guadalquivir o la creación de infraestructuras junto a o sobre el espacio protegido. Precisamente esta coyuntura ha sido plasmada en el estudio “Los problemas ambientales de la comarca de Doñana. Evaluación 2009: Riesgos y oportunidades”, presentado en Huelva. Con respecto a la culpabilidad de la Junta, Adena ha sido contundente, ya que considera que es la gran responsable de esta situación al dejar los términos sostenibilidad y protección en promesas huecas y sin significado real en sus acciones.



Por otro lado, Adena apuesta por la implantación de un plan de emergencia para el lince de Doñana así como una evolución de los planes urbanísticos en el entorno del parque. Dentro de las acciones que van encaminadas a amenazar a Doñana, ha expuesto: el dragado del Guadalquivir, el desdoble de la A-483 (Almonte-Matalascañas) y de la N-442 (Huelva-Mazagón), así como la presa de Alcolea o los parques eólicos en el frente litoral. Sin embargo, también ha destacado que existen proyectos, como “Doñana 2005”, que sí van encaminados a mejorar aspectos del paraje, como la restauración de marismas.



Precisamente, relacionado con el río Guadalquivir, desde hace semanas la Federación de Arroceros de Sevilla (FAS) esta financiando un estudio externo y ajeno al que elabora la Consejería de Medio Ambiente sobre la salinidad y turbidez detectadas en el cauce del río Guadalquivir, ya que creen, como explicaba otra noticia de GAS, que se deben a irregularidades institucionales. Quieren que con estas pruebas, se demuestre que se han realizado dragados que han alterado las condiciones del río, facilitando la entrada de agua salada del océano en el estuario, tal y como sostienen los arroceros. El problema radica en que los agricultores y arroceros no pueden usar el agua del río para regar, ya que, según afirman, contiene tres veces más de sal que hace un año. Por su parte, las piscifactorías situadas a lo largo del río acusaron a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir de provocar la turbidez con un desembalse de fondo de la presa de Alcalá del Río.



Sin embargo, en el río Guadalquivir, se va a empezar a construir todo un paraje en un tramo de río junto a la ciudad de Sevilla. Tanto en la ribera este, como oeste, a la altura del Charco de la Pava, comenzarán a efectuarse sendas actuaciones con el fin de convertir un espacio degradado y convertido en un vertedero, en un parque dunar, o un espacio con un canal drenante para las aguas que bajen del Aljarafe lleguen a un buen estado al Guadalquivir. Esta medida podrá traer como consecuencia el desmantelamiento de asentamientos chabolistas en la ribera derecha del río, así como otros destrozos ambientales que no se materializarán hasta que no empiecen las medidas concretas en el lugar.



En Córdoba, la plataforma de asociaciones ecologistas, deportivas, medioambientales y ciudadanas “Por un río vivo” ha presentado una serie de alegaciones a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir contra la construcción de un azud en un meandro del río. Este azud o barrera, es defendida por la Confederación ya que crearía una lámina de agua que servirá para practicar deportes náuticos y para recuperar el Molino de Martos a través de un canal de derivación. La Plataforma alega que este proyecto “Azud del Molino de Martos”, además de tener una gran inversión, no se justifica, ya que los deportes náuticos se practican y la actividad en el molino se puede llevar a cabo con una bomba de agua. Entienden que esta actuación, además de tener un alto impacto ambiental y paisajístico, no respeta la directiva europea que propone devolver a los ríos se continuidad natural. Este impacto se da tanto en la flora, que se verá inundada, como en la fauna, bien avícola, ya que desequilibraría su s ciclos y lugares de nidificación, como piscícola, ya que algunos peces quizás no podrían superar la barrera.



Con respecto a la depuración de las aguas en la comunidad, los datos siguen reflejando una mejora. En la provincia de Sevilla, un 12% de la población (200.000 habitantes) no tiene acceso a una depuradora. Esta situación, es extensible a Andalucía, donde el 20 por ciento de la población no depura sus aguas residuales. Sin embargo, la tendencia es a seguir creando estaciones depuradoras, con inversiones de más de 133 millones de euros entre los años 2004 y 2008, para la licitación de 46 actuaciones para la construcción o ampliación de los sistemas de depuración de aguas residuales urbanas. En todos estos datos, están exentas muchas empresas que no se incluyen en el censo y no depuran sus aguas, como el caso que contaminaba el río Guadaíra.



Precisamente en torno a este río se ha organizado una plataforma cívica “Salvemos el Guadaíra”, agrupando a once asociaciones ciudadanas, debido a la cantidad de casos que presenta de contaminación, ya socializadas por este periódico. Su última acción contundente ha sido la de presentar en el Registro de la Agencia Andaluza del Agua, 1.300 firmas de ciudadanos para denunciar que la contaminación no ha sido eliminada y que la Junta reconozca esta situación. Entre sus denuncias, se encuentran la poca eficiencia del Programa Coordinado para la Mejora y Saneamiento del río Guadaíra, que debió terminar en el año 2003 o los residuos que el río sigue recibiendo de empresas aceituneras o de las propias poblaciones de su ribera.



Por su parte, el Parque Natural Bahía Sur, situado en San Fernando, presenta un aspecto lamentable, fruto del abandono sistemático de las autoridades. Por todo el parque, enclavado en la bahía de Cádiz, se extienden pequeños vertederos de basuras, utilizados desde por las personas que viven cerca de las salinas, por los individuos que pasan por allí, hasta por las mismas empresas que trabajan en el paraje. En este caso, la desidia de las administraciones se presenta como resultado de la poca importancia que al mismo le dan.



En Granada, más allá del conflicto en el río Castril o en la agresión a la costa, Ecologistas en Acción ha denunciado que tanto en Tocón como en Quéntar se está eliminando vegetación autóctona de ribera para la creación de un corredor verde en el río Aguas Blancas. Este corredor, que costará 124.000 € y está subvencionado por la Unión Europea, es posible que incumpla las leyes ambientales, por lo que el colectivo ecologista ha pedido el proyecto del corredor a las autoridades competentes, con el fin de protestar a la Unión Europea y, si fuera el caso, quitarle la subvención por delito ambiental.



En Huelva, Ecologistas en Acción ha denunciado la alta contaminación por metales pesados que sufre la costa de Matalascañas. La presencia de cadmio y plomo, ocho y siete veces mayor que en otros puntos de Doñana, ha hecho que los ecologistas pidan explicaciones a las Consejerías de Salud y Medio Ambiente ya que, aunque no se sabe el efecto que tienen sobre los bañistas, sí es verdad que el riesgo es grave ya que es una zona con multitud de veraneantes. Por otro lado, también se encuentran niveles más altos de cobalto, hierro, titanio, cinc y aluminio; todos estos metales pesados se podrían deber a vertidos ilegales del Polo Químico de Huelva, a la mala acción de la depuradora o la limpieza de barcos en alta mar, como ocurre en Algeciras. Lo que está claro, es que la arena negruzca ya no se puede explicar por la acción de las mareas y los temporales.



En Almería, los ecologistas ponen el ojo en el mar. El cambio climático afectará a la riqueza biológica del cabo de Gata y la costa almeriense, ya que subirá el nivel del mar, y las aguas se calentarán, con la subsiguiente amenaza a la flora y fauna. Estos cambios, no sólo dañarán la riqueza biológica, sino también económica, al desaparecer calas y playas que atraen al turismo. Por otro lado, la extensión de los cultivos de invernadero en las llanuras aluviales de la costa almeriense, hace que la explotación de los acuíferos sea muy alta, pudiendo llegar a su salinización al entrar agua de mar, debido a la sobreexplotación.



Precisamente, en torno a estos impactos derivados del cambio climático, en las costas andaluzas, Ecologistas en Acción han iniciado una campaña desde este mes de julio con el fin de que la sociedad se conciencie y tome medidas al respecto para presionar y hacer que cesen los gases de efecto invernadero. A este respecto, los ecologistas ponen en diez años el tiempo tras el cual los daños serán inmensos. Página de la campaña.



En Sevilla, la polémica de la Mina las Cruces sigue su curso, demostrándose cada vez más que las alertas de los colectivos ecologistas no eran infundidas y que el peligro de catástrofe como la de Aznalcóllar es real. Más info.



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