Una Policía 'tercermundista'
En tanto no culmine la autopsia, no están claras las causas de la
muerte de un ciudadano nigeriano que falleció el pasado sábado, día 9,
mientras se procedía a su expulsión de España. Sin embargo, la Policía
española ha sido acusada de torturas y asesinato. El Sindicato Unificado
de Policía (SUP), mayoritario en el Cuerpo, defiende a los implicados y,
a la vez, acusa al Ministerio de no tener un Protocolo para expulsiones
de elementos peligrosos como, al parecer, era este nigeriano.

Esta es la realidad que vivie la Policía española, según argumenta el
SUP:

1º. Aunque su familia se ha apresurado a acusar a los policías de
torturas y malos tratos --como recoge la página 29 del diario El País de
hoy-, defendemos la profesionalidad de los policías actuantes y negamos
radicalmente dicha imputación.

2º. Responsable de la muerte del ciudadano nigeriano es en primer
lugar él mismo, que posiblemente pretendió suicidarse para evitar ser
expulsado a su país donde al parecer había sido condenado por asesinato,
y en segundo lugar, el Gobierno de España por su falta de adaptación de
los procedimientos policiales a la realidad social a la que nos
enfrentamos los policías.

3º. Desde que en el verano de 1996 se procedió a la expulsión de 103
inmigrantes sedados con Haloperidol, que fue inyectado en las botellas
de agua indiscriminadamente poniendo en riesgo la vida de todos los
ocupantes del avión, nada se ha hecho, ni por los gobiernos populares ni
por los socialistas, en orden a establecer protocolos de actuación,
pautas de obligado cumplimiento que garanticen los derechos de los
expulsados y doten de seguridad jurídica a la actuación de los policías.

4º. Por esa falta de actividad en la regulación de nuestras
actuaciones, por la falta de adaptación a las situaciones reales que
vivimos, por la falta de garantías jurídicas y por la falta de medios
materiales, la Policía de España está quedando rezagada y con mucha
dificultad puede prestar el servicio que le encomienda la Constitución
Española. Esta situación es responsabilidad del Gobierno.

5º. Y si en los procedimientos operativos dejamos mucho que desear
frente a policías europeas que tienen regulada hasta la mínima actuación
de sus agentes, en el aspecto formativo, pasar de 900 a 5.000 ingresos
al año esta siendo una inversión de futuro en cantidad con claro
detrimento de la calidad. No existe una mínima formación que debía ser
básica y esencial sobre los derechos humanos y civiles que debemos
respetar y defender.

6º. No existe ninguna norma que explique cómo hay que expulsar a un
ciudadano que se resiste con violencia a su expulsión, quizás porque en
su país le espera la cárcel de por vida. Los políticos seguirán
alabando a la Policía porque les produce réditos políticos, y algunos
mandos policiales seguirán colocándose medallas que no han merecido
mientras los policías actúan con su propio criterio, arriesgando, como
en el caso que nos ocupa, su profesión y su libertad. Los policías
contarán con todo el apoyo del Sindicato Unificado de Policía.