Desde el 28 de septiembre 14 inmigrantes subsaharianos han muerto en las vallas fronterizas que separan Ceuta y Melilla de Marruecos. Son la consecuencia que cabía esperar de la represión por los cuerpos de seguridad marroquí y español de los intentos de atravesar las fronteras de Europa por centenares de hombres, mujeres y niños, que huyen de la miseria, el hambre y las guerras que asolan sus países de origen.

No son sino la punta del iceberg de una clara vulneración de los derechos de las personas. La policía marroquí persigue al subsahariano en una auténtica cacería humana, el subsahariano se juega la vida superando una valla de espino más alta y moderna de lo que fue el muro de Berlín y finalmente la guardia civil española apalea a los inmigrantes, les expulsa ilegalmente, les niega cualquier derecho de defensa. Se habla de muertes pero en verdad son asesinatos.

Las personas que atraviesan las vallas no lo hacen ni por gusto ni engañadas por las mafias, lo hacen impelidas por el más elemental afán de supervivencia. Son refugiados de la desigualdad, el hambre, las guerras y la persecución política de sus respectivos países. Nadie les reconoce ese derecho de asilo. Son seres humanos que se organizan superando las diferencias de idioma y costumbres para luchar por un futuro mejor, no merecen las balas ni los golpes, su coraje es digno de nuestro apoyo y solidaridad.

Los gobiernos de Marruecos y España son igualmente responsables de esta situación y de las muertes acaecidas. Lo son porque tienen acuerdos económicos, políticos y policiales para la represión de la inmigración. El gobierno de Marruecos es una dictadura coronada que niega a su población los derechos democráticos. Pero el gobierno español que se reclama democrático, niega esos mismos derechos a un elevado porcentaje de la población, las personas inmigradas con o sin papeles, discriminadas por la actual Ley de Extranjería. Las muertes de Ceuta y Melilla son un hecho más, trágico sin duda, en la vida de los y las inmigrantes: esclavizados en el trabajo, privados de derechos sociales y políticos, imposibilitados de adquirir una vivienda digna y también asesinados impunemente sin siquiera una investigación pública de los hechos.

Las últimas 6 muertes han ocurrido cuando el ejército y la guardia civil controlan juntos la valla fronteriza. La intervención militar no disminuirá las muertes ni los sufrimientos de los inmigrantes en la frontera. El incremento millonario de los medios de detección en el estrecho solo ha aumentado el sufrimiento de los tripulantes de las pateras, la elevación de la valla y el refuerzo represivo a ambos lados de la misma tendrán un resultado similar. Estas políticas de contención de flujos migratorios se están mostrando trágicamente ineficaces. La anunciada devolución de los inmigrantes a la policía marroquí, que les conducirá al desierto mauritano o la frontera argelina, significa realmente ponerles en peligro de muerte.

Una política realista en este sentido, que se plantee en primer lugar los derechos y las necesidades de las personas y no los intereses económicos o de mano de obra del Estado español, debería imponerse. Si ninguna valla es capaz de frenar su hambre, estas vallas deben ser derribadas y no puede seguir invirtiéndose dinero publico en su construcción. Si las expulsiones de inmigrantes son inaplicables, deben ser suprimidas y dar a estas personas una residencia que les permita acceder a un trabajo con el que ganarse dignamente la vida. Si la política de regularizaciones extraordinarias subordinadas al interés empresarial se ha mostrado insuficiente, debe optarse por un proceso de regularización permanente sin el requisito de un contrato de trabajo previo. En definitiva la Ley de Extranjería y la legislación que la acompaña (Reglamento) debe ser abolida porque es profundamente injusta.

Para mostrar el repudio de toda la población a estas muertes y la solidaridad con las víctimas, convocamos:

Manifestación
Sábado 15 de Octubre, 17:00 horas
Pla de Palau, Gobierno Civil

Asamblea por la Regularización sin Condiciones, Barcelona a 6 de Septiembre de 2005