El pasado 15 de Marzo el pleno del Ayuntamiento aprobó con carácter inicial una ordenanza municipal que va a afectar de forma significativa la vida de esta ciudad a muchos niveles. La asamblea pretende alertar sobre esta ordenanza por las siguientes razones:

A pesar de que dice "buscar la política preventiva y la mediación como la vía mas adecuada", recurre a la sanción y la penalización como instrumentos para lograr el "orden público"... ¿Y qué es el orden público?

La ambigüedad que recorre todo el texto de la ordenanza da pie, entre otras cosas, a la inclusión dentro de los llamados "Actos Vandálicos" a actividades vecinales, culturales o políticas que, lejos de ser incívicas, son ejercicios de derechos fundamentales. En concreto, la ordenanza atenta contra los derechos de reunión, manifestación y libre expresión: el artículo 13 permite, entre otras cosas, que el Ayuntamiento pueda imponer una fianza a cualquier colectivo que desee realizar un acto –cultural, político o festivo- en la vía pública. Esto es una limitación claramente anti-constitucional y abusiva de los derechos mas básicos, a la vez que una discriminación de colectivos y organizaciones con pocos recursos económicos frente a grandes asociaciones y partidos políticos.

Ante cualquier conducta de las que se califican como incívicas, el Ayuntamiento especifica la sanción que se le aplica, pero sin aprobar ninguna medida concreta que busque el evitar esa acción. Existen varios ejemplos: el Ayuntamiento no establece un plan de creación de urinarios de uso público, y sin embargo sanciona la acción con multas desorbitadas. Al igual que no acompaña ningún presupuesto para la instalación de ceniceros en la vía pública, pero prohibe y sanciona el hecho de tirar una colilla al suelo con 750 euros. También prohibe la práctica de juegos y deportes en la vía pública fuera de los "espacios habilitados para ello", sin especificar cuales son éstos.

Las sanciones que establece son completamente desorbitadas:
Multa por tirar una colilla al suelo ----------------- 750 euros
(Salario mínimo interprofesional ----------------- 570’60 euros)

Y estos son sólo algunos unos pocos ejemplos de los elementos que recoge la ordenanza.

En conclusión, la Asamblea por el libre uso de los Espacios Públicos intentará por todos los medios democráticos – incluídos los tribunales- evitar la aprobación de la ordenanza, y promoverá la actuación de lxs ciudadanxs en su contra. Tras los recortes democráticos impuestos por la llamada "Ley antibotellón", esta normativa profundiza en la búsqueda de la privatización de los espacios públicos, el recorte de derechos fundamentales, el control social... e imponen una ciudad "europea" hecha para trabajar y consumir, penalizando todos los comportamientos que se salgan de este binomio, como el ocio o las expresiones culturales y políticas alternativas.

La calle es de todxs, úsala.

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