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La perversión de la Cooperación al Desarrollo: Los Proyectos de Reagrupación de los menores inmigrantes en Marruecos (Colectivo Al Jaima-Tanger)

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La perversión de la Cooperación al Desarrollo: Los Proyectos de Reagrupación de los menores inmigrantes en Marruecos (Colectivo Al Jaima-Tanger)
LA PERVERSIÓN DE LA COOPERACIÓN AL DESARROLLO: LOS PROYECTOS DE REGRUPACIÓN
DE LOS MENORES MIGRANTES EN MARRUECOS

Mercedes Jiménez Colectivo Al Jaima

Es bien sabido que la doble condición entre menores y extranjeros, es la que
configura el tratamiento a los menores no acompañados. La contradicción que
estos jóvenes y adolescentes representan para nuestros sistemas legales y
nuestros estados del bienestar provoca una tensión que no siempre avala la
condición del menor como tal, ocurriendo que el propio estado legitima
prácticas contrarias a derechos y vulneradoras de los derechos
fundamentales. El escenario por antonomasia donde cede la tensión son las
repatriaciones y/o reagrupaciones familiares, que se llevan a cabo sin
garantías. En este artículo vamos a profundizar en cómo se están llevando a
cabo estas llamadas "reagrupaciones familiares" de menores no acompañados de
origen marroquí y qué mecanismos se han puesto en marcha en Marruecos a lo
largo del 2006. Estos mecanismos utilizan la cooperación al desarrollo como
vía de obtención de recursos, pero pervierten el propio sentido de la
cooperación, al esconder un objetivo contrario al propio desarrollo de los
beneficiarios, en este caso los menores migrantes.

El 23 de diciembre de 2003 se firma en Madrid el Memorandum de entendimiento
entre España y Marruecos para la repatriación asistida de menores no
acompañados. En 2005, desde la Secretaria de Estado de Inmigración y
Emigración, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (MTAS), se
anunciaron dos medidas, la conversión del Memorandum en un Acuerdo Bilateral
(que aún no se ha materializado) y la creación de centros en Marruecos para
aplicar la repatriación asistida recogida en este documento. En enero de
2007, HRW (Human Rihgts Watch) en una carta enviada al presidente del
gobierno le insta a "que incorpore en el futuro acuerdo de readmisión todas
las garantías legales pertinentes de acuerdo a la legislación internacional
y española aplicable". Sobre la segunda medida, la creación de los centros,
señalamos que el MTAS, con la colaboración de la AECI (Agencia Española de
Cooperación Internacional) y en el marco de dicho acuerdo, está promoviendo
la construcción de dos centros para reagrupar menores, uno en Nador y otro
en Beni Mellal, por una cuantía aproximada de 2 millones de euros.

Además, la Consejería de Inmigración de la Comunidad de Madrid, financiados
por el programa AENEAS construirá dos centros para repatriar menores, uno en
Tánger y otro en Marrakech, por una cuantía de 3 millones de euros. El
centro que se está rehabilitando en Tánger se encuentra en la provincia de
Fahs-Anjra, en la comuna rural de Tleta Tagram. Son unos antiguos cuarteles
militares españoles, abandonados tras el final del Protectorado. Están
situados a las afueras de Tleta Tragram, justo en el puerto de montaña que
conduce a Bel Younes. Está cerca de la frontera del Tarajal y de Ceuta y del
nuevo Puerto- Med que se está construyendo en Ksar Seguir. Son zonas de paso
y poco habitadas donde no parece que existan suficientes elementos para que
los menores se socialicen (sus familias, amigos, colegios, zonas verdes,
asociaciones de jóvenes). Por su ubicación geográfica – en un cruce de
fronteras- , parece pensado más que para acoger a los menores, para
invitarlos a una nueva migración.

Por otro lado,la Generalitat de Catalunya, también financiados por el
programa AENEAS, abrirá cuatro pisos para repatriar menores a Tánger, por un
cuantía de dos millones de euros.

Siete millones de euros en total, para construir o rehabilitar cuatro
centros (Tánger, Nador, Beni Mellal, Marrakech) y poner en marcha cuatro
pisos en Tánger, con una capacidad máxima entre todos de 200 menores
repatriados aproximadamente. En cooperación al desarrollo, el impacto de
desarrollo de un proyecto se mide dividiendo el presupuesto entre el número
directo de beneficiarios. Si hacemos la cuenta y dividimos esos 7 millones
de euros entre los posibles 200 menores repatriados, la cuenta nos sale a
35.000 euros/ menor. Un cifra que refleja el precio político que estos
proyectos están dispuestos a afrontar. Si además, tenemos en cuenta los
criterios que se utilizan en cooperación al desarrollo veremos, que en
relación a la pertinencia estos proyectos no responden a las prioridades de
las políticas públicas de protección de Marruecos, de hecho en SEFEPH máxima
entidad en política pública de protección no es contraparte en ningún de los
centros. O pensando en la eficiencia, dudamos si son razonables estos costes
y estos medios para el número de beneficiarios. Podíamos evaluar además la
eficacia, es decir, si realmente las actividades previstas vienen a
responder a las necesidades de estos menores, la mayoría repatriados en
contra de de voluntad. O la viabilidad de estos proyectos, donde la
contraparte marroquí, en la mayor parte de los casos es la Entraide
National, y no cuenta con medios para garantizar un adecuado funcionamiento.
En cuanto a la participación de los beneficiarios en la identificación del
proyecto, no sólo es que no hayan participado, sino que el proyecto va en
contra de su voluntad, ya que los menores no desean ser "reagrupados".
Además, para que la reagrupación se ajuste a derecho y a la Convención de
los Derechos del Niños ratificada por España y Marruecos, el menor debe ser
escuchado, la repatriación debe serle notificada y el menor debe tener
derecho a una asistencia letrada, para poder defender sus intereses como
menor. Nada de esto parece tenerse en cuenta en estos proyectos. Otra gran
crítica de estos proyectos, es la inexistencia de una coordinación real
sobre el terreno, dejando en manos de las CC.AA y de sus intereses
políticos, la responsabilidad de poner estos centros en Marruecos y de
"experimentar" con las vidas de los menores.

Las repatriaciones deben tener como fin único y primordial salvaguardar el
interés superior del menor. Durante el año 2006, lo que el Colectivo Al
Jaima ha constatado en Marruecos es que en ninguna ocasión, en las
reagrupaciones que se han llevado a cabo, se ha salvaguardado el interés
superior de estos menores. A grandes rasgos podemos enumerar una serie de
elementos comunes en estas reagrupaciones familiares:

• La reagrupación familiar no es notificada, el menor no es escuchado, ni su
opinión tenida en cuenta.
• El menor no tiene derecho a una tutela judicial efectiva
• Las reagrupaciones se llevan a cabo sin informar a los menores ni sus
familias.
• La decisión es tomada de forma discrecional, ya que no se lleva a cabo el
pertinente informe social para evaluar la situación.
• En algunas CC.AA, la policía viola el domicilio del menor al entrar de
madrugada en los centros de acogida para llevárselos directamente al
aeropuerto.
• Los menores quedan en absoluta desprotección en su país, algunos vuelven a
intentar emigrar y terminan en la calle.
• La situación familiar no es documentada conforme al artículo 92 del Real
Decreto 2393/2004
• Los menores son entregados a la policía de frontera

Además, en el año 2003 entró en vigor la Ley nº 02.03 de 11 de noviembre de
2003 relativa a la migración irregular. El artículo 50 de esta ley castiga
(sin distinguir los menores de los adultos) con una multa de 2.000 a
10.000dirhams y uno a seis meses de prisión, o sólo una de estas
penas, sin
perjuicio de las disposiciones del Código Penal aplicables en la materia, a
toda persona que abandone el territorio marroquí de forma o se introduzca en
él de manera clandestina. Ocurre que a los menores reagrupados se les aplica
esta ley y, a pesar de ser menores, son enviados por el procurador del rey
al juez, que los juzga y en ocasiones los emplaza a los centros de
salvaguarda (que son centros de reforma) o se les sanciona con una multa,
que no pagan porque su familias no pueden hacer frente a estos gastos. La
reagrupación provoca la criminalización de estos menores en Marruecos,
tratados como pequeños criminales.

Ante tan complejo panorama, parece más que evidente que la voluntad política
de llevar a cabo centros de repatriación de menores en los países de origen
corre el riesgo de ser una propuesta fallida. Entendemos que promover las
repatriaciones como forma de intervención social en este contexto migratorio
obedece más a una lógica de control de flujos migratorios y no a una lógica
de protección de la infancia y menos de cooperación al desarrollo. La
creación de centros para repatriar menores no son proyectos
contextualizados, en cuanto que no cuentan con un análisis de las causas
estructurales que condicionan la migración multicausal de estos menores,
migrantes precoces. Como señala Bargach (2005), un proyecto contextualizado
es un requisito indispensable para todo interviniente en procesos humanos
preocupado por el rigor a la hora de plantear tanto el estudio y la
comprensión, como la elaboración de una metodología de intervención en
dichos contextos. Tanto es así, que el interviente que no contemple el
fenómeno en su globalidad y complejidad, corre el riesgo de incurrir en
generar "soluciones" o respuestas mutilantes e incluso perversas es decir,
contrarias a los fines propuestos.

Esta migración precoz, pone de relieve (Bargach 2005) unas familias carentes
de instrumentos para realizar el proceso de socialización de los menores y
estigmatizadas por los poderes públicos como "familias desestructuradas";
unos menores privados del derecho fundamental a saberse protegidos y un
estado que delega las cuestiones fundamentales relacionadas con la
intervención social a organizaciones no gubernamentales o
supragubernamentales.

Estos colectivos de menores potenciales migrantes son "invisibles". La
emigración, por lo tanto, es una manera de "protestar", de "rebelarse" ante
la situación de marginación y olvido que sufren. La creación de estos
centros será una forma de confirmarles en su imaginario que "tienes que
emigrar para existir, tienes que emigrar para que tengas en tu propio país
derecho que nunca tuviste antes de emigrar" y por lo tanto, una forma de
"propiciar la propia migración de otros menores que estén en Marruecos".

Este mensaje viene a consolidar el imaginario colectivo de la migración como
forma de promoción social, viniendo a verificarlo y reforzarlo. Si los
menores emigran es por la falta de un horizonte esperanzador, por lo tanto,
sólo apostando por la creación de un horizonte real de bienestar y promoción
social para estos chavales y para sus familias se puede llevar a cabo una
intervención preventiva, todo lo demás son intervenciones limitadas.
 
 
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Re: La perversión de la Cooperación al Desarrollo: Los Proyectos de Reagrupación de los menores inmigrantes en Marruecos (Colectivo Al Jaima-Tanger)

MANIFIESTO POR EL RESPETO DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS/AS
MENORES EXTRANJEROS/AS NO ACOMPAÑADOS/ASMENORES
ANTES QUE INMIGRANTES
Las entidades sociales abajo firmantes, vinculadas con el trabajo educativo, legal y
social con los/as menores no acompañados/as, manifiestan su profunda inquietud
por las últimas declaraciones sobre las repatriaciones masivas a Marruecos de
menores no acompañados/as que se pretenden llevar a cabo desde el territorio
español y llaman a la garantía de los derechos fundamentales de estos/as menores
El pasado lunes, se reunieron una vez más los gobiernos de España y Marruecos, y de
nuevo, volvieron a llegar a supuestos acuerdos en beneficio de los/as menores marroquíes
que se juegan la vida tras el sueño de una vida mejor.
Desde nuestras organizaciones, lamentamos que de nuevo los gobiernos hablen de
“reforzar los operativos de vigilancia� tipo FRONTEX, en lugar de reforzar un sistema de
protección de la Infancia en Marruecos, a todas luces deficiente, cuando no inexistente;
Lamentamos igualmente que los gobiernos hablen de “mejorar las medidas
preventivas� para interceptar las pateras y cayucos desde las costas marroquíes, cuando
deberían primero de hablar de mejorar las medidas preventivas para que la infancia marroquí
no se vea abocada a la desesperanza y confíe en un proyecto de vida en su país;
Y sentimos, sobre todo, que cuando hablan de los/as menores marroquíes no
acompañados/as, lo hacen bajo su condición de inmigrantes en lugar de anteponer su
condición de menores, tal como marca la ley.
En consecuencia, recordamos a las autoridades públicas sus responsabilidades
respecto a la acogida de esos niños con necesidad de protección y la ilicitud de cualquier
intento de sortear la legislación nacional e internacional en cuanto al respeto de los
derechos fundamentales de esos menores.
Previa a la reunión hispano-marroquí se han sucedido en los diferentes medios de
comunicación declaraciones desde diversos estamentos políticos, a las cuales nuestras
organizaciones quieren responder lo siguiente:
¨ CC y PP, han manifestado que los MENA deben ser “tratados como extranjeros
irregulares y que no se les aplique únicamente la Ley del Menor�. Ante estas
irresponsables declaraciones tenemos que recordar que un/a menor no acompañado/a es
un/a menor desamparado/a y en ningún caso un inmigrante irregular. La Ley que le
corresponde es la Ley del Menor, no la Ley de Extranjería, y el derecho de España a
regular sus flujos migratorios no puede nunca anteponerse a los derechos fundamentales
del niño y a su interés superior. En este sentido, el/la menor no acompañado/a es un
sujeto de derechos y de especial protección en virtud de las normas internacionales
(Convención sobre los Derechos del Niño) y de la Ley española. En consecuencia, el
Estado español no puede, sin violar sus obligaciones nacionales e internacionales,
proceder a la repatriación o a la reagrupación familiar de estos niños sin las garantías
previstas por las normas vigentes.

¨ Desde la Consejería de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía hablan de
colapso del sistema de protección causado por la "avalancha" de menores extranjeros
/as en nuestras costas, cuando según datos de la propia administración durante el
presente año hay una reducción del 12% en las llegadas. Además, debemos aclarar que,
en todo caso, se podría haber visto saturada la primera acogida de manera puntual, pero
nunca el sistema de protección en su conjunto, por lo que creemos urgente un estudio
detallado del mapa de recursos del sistema de protección.
¨ Desde la Consejería afirman que la mayoría de los/as MENA no reúne "el perfil fijado
por la legalidad española para considerarlos en situación de desamparo". En este
sentido, debemos recordar a la Consejería, que todo/a menor de edad que se encuentre
en el territorio español sin la presencia de un adulto responsable que responda a sus
necesidades materiales y afectivas de manera habitual es un/a menor no acompañado/a
que debe ser declarado/a en desamparo, y, por lo tanto, acogido/a y protegido/a por el
Estado español, por medio de los servicios de protección a la Infancia de las
Comunidades Autónomas, sin ningún tipo de discriminación por su situación
administrativa o de su nacionalidad.
¨ Desde las diferentes administraciones se ha planteado que el gran número de
menores, la falta de infraestructuras para atenderlos y el gasto que supone mantener
dicha situación, hacen necesaria la reagrupación de los mismos. Ante este análisis
puramente económico debemos recordar y EXIGIR que nunca motivos económicos
pueden ser los que promuevan las reagrupaciones, sino que tan solo “el interés superior
del menor� y el escrupuloso cumplimiento de la legislación nacional e internacional
pueden ser los criterios para proceder a dichas reagrupaciones. Así mismo, consideramos
de justicia, que tanto el Gobierno Central como la propia UE apoyen económicamente a
las Comunidades Autónomas en la atención de los MENAs.
¨ Desde el Gobierno Central y desde varias Comunidades se ha presentado la
construcción de Centros en Marruecos como la línea prioritaria, acompañada del
control en la frontera. Ante esta postura solo podemos mostrar nuestro mayor rechazo a
toda medida que suponga la externalización del sistema de protección español, y
pedimos a las Administraciones que utilicen el presupuesto de dichos centros
residenciales para impulsar un sistema de protección social Marroquí que de atención a
la totalidad de la infancia y no sólo a los que han dado el paso de emigrar.
Hasta ahora, es de recibo señalar que en Andalucía se ha respetado el principio de
protección de todos los/as MENAs que han llegado a tierras andaluzas, realizando un buen
trabajo en líneas generales, por lo que creemos que sería un GRAVE ERROR POR PARTE DE
LA JUNTA DE ANDALUC�A DEJAR DE CAMINAR EN ESTA DIRECCIÓN.
durante los seis primeros meses del 2007 se ha reducido en un 12% respecto al mismo periodo del año anterior,

Con todo ello, reafirmamos:
- Nuestra preocupación por la creación de un discurso de alarma social por parte de
algunos medios de comunicación, alentados por desafortunadas declaraciones de partidos
políticos y de las administraciones autonómica y estatal que, tal como lo ha puesto de relieve
el Defensor del Pueblo Andaluz, nos parece innecesaria y exagerada.
- Nuestra inquietud ante las declaraciones de las autoridades públicas que priorizan
la condición de candidato a la inmigración irregular sobre la condición de MENA sujeto de
derechos y de protección, e incluso lanzan mensajes que contradicen al propio marco jurídico
de protección vigente;
- La necesidad de un estudio individualizado de la realidad de cada uno de los
menores y su situación familiar, ya que el concepto de “niños solos� no tiene ningún
fundamento jurídico.
- Nuestra denuncia contundente de esta clasificación ilegitima que distingue entre los
/as “verdaderos�/as menores no acompañados/as -realmente desprotegidos/as y
merecedores de la protección del Estado- y los/as “falsos/as� MENA, que proceden de una
familia de “clase alta-media� y que sólo pretenden defraudar y aprovecharse ilegítimamente
de los servicios de protección a la Infancia españoles. Del mismo modo, exigimos que se
determine con claridad de cuantos menores hablamos que se encuentran en esta situación,
ya que no se pueden utilizar este tipo de generalizaciones distantes de la realidad para
argumentar repatriaciones masivas.
- Nuestra convicción de que este tipo de declaraciones no propician la integración de
los/as menores extranjeros/as en nuestra sociedad, sino que, además de trivializar el periplo
migratorio de estos/as niños/as, que arriesgan (cada vez más jóvenes) su vida para encontrar
un mejor porvenir en nuestro país, sólo transmite a la opinión pública un mensaje de rechazo
y de recelo hacia los MENA.
- Nuestro contundente rechazo a cualquier tipo de repatriación no voluntaria, que
vulnera los derechos humanos y el interés superior de los/as menores no acompañados/as,
más aún si es colectiva e indiscriminada como pretende la Junta de Andalucía, sin ni siquiera
considerar otras vías para la integración de esas personas que llegan a nuestras costas en
búsqueda de un mejor porvenir.
- Que el derecho del niño a ser oído debe ser un elemento clave en la apreciación y
adopción de cualquier decisión que le afecte, como lo es obviamente una repatriación,
señalando los fracasos y las graves vulneraciones de derechos ocasionados por este tipo de
decisiones arbitrarias que se tomaron en otras Comunidades (Madrid, Cataluña).
- Que la protección de los/as menores por parte de las administraciones competentes,
garantes de su seguridad, debe hacerse al mismo nivel que si fueran nacionales, sin ningún
tipo de discriminación, cumpliendo así los deberes derivados de la legislación vigente que les
incumben.
- Que sólo un retorno consensuado con el/la menor, su familia y los servicios sociales
in situ, combinado con alternativas reales de inserción en su lugar de origen, garantizan una
verdadera protección y seguridad del menor en desamparo.
- Que, por lo tanto, nos oponemos a la construcción de centros en Marruecos para
MENAs retornados desde España, ya que además de no responder a la propia voluntad del
menor, o del Estado marroquí, podemos legítimamente dudar de la eficacia y de la viabilidad
de tal proyecto que no responde al interés superior del menor sino a una lógica de control de
los flujos migratorios.
Por todo lo expuesto, exigimos del gobierno andaluz y central:
1. Que asuman sus responsabilidades respecto a la acogida de esos/as menores en
necesidad de protección, según lo que dicta la Ley y el respeto de los derechos
humanos, ya que esa es y no otra la base legal actual.
2. Una real igualdad de trato entre los menores nacionales y extranjeros tutelados por el
Estado español, un real respeto del interés superior del menor así como un real
respeto de sus derechos fundamentales, entre los cuales:
-el derecho a opinar por cualquier decisión que le afecte y a que su opinión conste en
acta
-el derecho a tener una asistencia letrada y un derecho de respuesta equitativo
3. Así mismo, exigimos al gobierno marroquí que tome las medidas oportunas para que
su infancia pueda tener un futuro esperanzador en su propio país.
4. Y a la UE que apoye económicamente para la atención de los/as menores en territorio
español y para ejecutar programas de promoción y prevención en los países emisores
de inmigración infantil;
Desde nuestras organizaciones, seguiremos estando muy pendientes de los
procedimientos de protección y eventual retorno de esos menores no acompañados para
controlar el pleno ejercicio de sus derechos fundamentales.
Entidades firmantes: Federación Andalucía Acoge, Asociación Pro Derechos Humanos de
Andalucía, SOS Racismo, Intercultura, PRODEIN y Apoyo
 

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